Una institución autónoma con independencia técnica y funcional, que presta el servicio de defensa legal gratuita en el ramo penal, asistiendo a sindicados de escasos recursos económicos por la posible comisión de un delito; conforme a lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado de Guatemala y la Ley del Servicio Público de Defensa Penal.