Con la participación de miembros del sector justicia del país, este viernes se llevó a cabo la actividad en Escuintla, la cual busca conocer el trabajo en materia de justicia que se ejecuta en la Región Costa Sur.

El Director en funciones del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Doctor Otto Recinos, abordó temas como la ampliación de la cobertura del servicio de defensa, fortalecimiento de las sedes y presencia de la institución en 129 lugares a nivel nacional, lo cual se ha logrado durante la gestión del Director General del IDPP, Magíster Idonaldo Fuentes. 

Agregó que se amplió la cobertura con las siete nuevas sedes ubicadas en Cuyotenango, Santa Bárbara y Río Bravo, departamento de Suchitepéquez, mientras que en Retalhuleu se aperturaron en San Sebastián, San Martín Zapotitlán, San Felipe y Champerico. 

En nombre del Director General del IDPP felicitó y resaltó el trabajo del personal de la institución, quienes se encargan de velar por el debido proceso y prestación del servicio de defensa pública gratuita.

 La Coordinadora Departamental del IDPP de Retalhuleu, Licenciada Karen Cashely Cárdenas, resaltó el fortalecimiento para las sedes de la región y dio a conocer avances y resultados obtenidos, producto del trabajo eficiente que realiza el Instituto en esa región bajo la dirección y administración del Director General del IDPP, quien mediante la ejecución de su plan de trabajo ha logrado concretar cambios significativos dentro del Instituto, los cuales transcienden a favor del Sistema de Justicia y de la ciudadanía guatemalteca.

Durante la actividad participaron Defensores Públicos, Jueces de Paz, Jueces de Primera Instancia, Magistrados de Sala de Corte de Apelaciones, Fiscales Regionales, de Distrito y Municipales, así como funcionarios del Ministerio de Gobernación y del Instituto de la Víctima.

A la fecha en el IDPP se han atendido 4 mil 946 casos, mil 132 asesorías y 10 mil 437 audiencias en las sedes de la región costa sur, lo que permite un efectivo acceso a la justicia a las personas vulnerables que no cuentan con recursos financieros para contratar los servicios de un abogado particular.